El economista Sebastián Fleitas desarrolló sus ideas sobre la “batalla del futuro” que debe comenzar Uruguay en la pospandemia: aumentar los niveles de productividad. Este término, tan repetido como poco visible, tiene relación con la educación y los planes de recapacitación laboral, además de ligación directa con la posibilidad del desarrollo social y económico, así como de alcanzar un Estado de bienestar. En entrevista con la diaria desde Bélgica, el profesor de la Universidad de Lovaina especializado en regulación de mercados y competencia habló sobre varios temas de la actualidad económica de Uruguay y el mundo.
A meses de iniciada la pandemia escribiste un artículo en Razones y Personas planteando lo clave que resulta a futuro que Uruguay aumente la productividad. ¿Por qué? Se habla mucho de la productividad y a veces el término pierde valor.
La productividad es central en la agenda de Uruguay, el país debe embarcarse en una agenda en pos de la productividad después de la covid-19. Mi visión es que de la calidad de las reformas que Uruguay logre hacer orientadas a aumentar la productividad depende el porvenir del país en el futuro y la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico y social. Depende de que esas reformas tengan sostenibilidad política –que no sean vaivenes, sino cosas sustentables–, de que tengan una base social amplia y se hagan con acuerdos sociales que den sustento, y de que se controlen los efectos que tienen sobre la desigualdad. Aumentar la productividad es fundamental para sostener niveles de desarrollo elevados en el largo plazo. Uruguay no va a poder sostener un Estado de bienestar o una red de protección social adecuada si no aumenta sosteniblemente en el largo plazo sus niveles de productividad.
Se da la discusión interesante en Uruguay entre el liberalismo y la función del Estado en la economía. El artículo 8 de la Constitución dice algo así: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas que los talentos o las virtudes; esta es una idea liberal, que nació, de hecho, en la lucha contra los privilegios heredados de la nobleza. En mi opinión, esta idea del artículo 8 es correcta para justificar la meritocracia sólo si estamos seguros de que logramos ofrecer igualdad de oportunidades para las personas; si no logramos ofrecerle una base colectiva a la gente de igualdad de oportunidades, es muy difícil. Y en la sociedad actual, en Uruguay y el mundo, esto no es verdad, no es lo mismo ser hombre o mujer, tener la piel de un color o de otro, o nacer en un hogar más rico o más pobre.
Lograr la igualdad de oportunidades necesaria para sustentar estas cosas y permitir que la gente se desarrolle requiere políticas estatales en educación, en salud, en el sistema de cuidados, y para eso se requieren ingresos. Uruguay y otros países del mundo van a tener que gastar un conjunto de recursos elevado para poder profundizar estas políticas. Son políticas tan necesarias como costosas. A partir de lo que sabemos de la experiencia internacional, la sustentabilidad a largo plazo de estas políticas sólo ha sido posible con aumentos sistemáticos de la productividad, que permitan lograr los recursos necesarios. Cuando uno mira los países con buenas redes de protección social, tienen niveles de productividad elevados. Uruguay debe entender que esa es la batalla del futuro, que debe aumentar su productividad.
“Cuanto mayor es el nivel de productividad, mayor es la cantidad de productos que se obtienen por cada unidad de insumo que se utiliza. Es una batalla que se da en lo micro”.
¿Cómo explicarías esa batalla en lo micro? ¿Cuál es la visualización práctica de eso?
De la productividad a veces se habla como si fuera magia. En el proceso productivo, sea cualquier cosa que estemos creando, las empresas o el Estado combinan capital, trabajo y tienen determinado nivel de productividad, de cómo hacen las cosas. Cuanto mayor es el nivel de productividad, mayor es la cantidad de productos que se obtienen por cada unidad de insumo que se utiliza. Un ejemplo sencillo: usando un tronco y un martillo en las mismas horas antes podía hacer un banco de madera y ahora dos, mi productividad se duplicó. Uso la misma cantidad de insumos y tengo el doble de productos. La productividad se observa en todos lados: vos hacés un artículo, antes lo hacías en una hora y ahora, en media hora, tu productividad se duplicó; yo dando una clase de economía, si antes la gente aprendía menos y ahora más, mejoré mi productividad. Es una batalla difícil porque se da en lo micro, como si fuera una guerra de guerrillas.
¿Se provoca como un efecto cascada? En el sentido de que una mejora de la productividad incide en otros procesos
Exacto. Un ejemplo: si yo cada vez que tengo que hacer un trámite tengo que dejar de ir al trabajo, tomarme un ómnibus que va lento, llegar a la oficina pública y necesito cuatro horas [para completarlo]; si, en cambio, mejora la productividad del ómnibus y del trámite que tengo que hacer, aumenta mi productividad también, porque puedo volver antes a mi oficina y retomar el trabajo. Estas cuestiones se van retroalimentando, una sociedad más productiva logra hacer más cosas con el mismo tiempo.
Al ser la productividad un fenómeno con tantas variables, ¿en qué aspectos se puede incidir desde lo público?
Son varias cosas desde lo público. Primero que nada la productividad del propio sector público: si mejoramos la productividad del Estado, también estamos mejorando la productividad de la economía; aparte, el Estado es un gran empleador, y, si esa gente mejora su productividad, también aumenta la de la economía en general. El otro punto es el Estado como regulador: si mejoramos las regulaciones, por ejemplo, en el transporte, vamos a hacer que la gente para realizar un trámite se tome el transporte colectivo que es más eficiente y aumenta su productividad. Más allá de todas estas cosas, obviamente la educación parece ser un factor fundamental. Tiene la doble función, por un lado, porque puedo aumentar la productividad, y por el otro, porque es un derecho de la gente a estar educada, porque probablemente viva una vida más feliz y más sana. Uno puede preguntarse si la educación contribuye a aumentar la productividad, sabemos que ha contribuido en el pasado.
La calidad de la educación tiene impacto sobre la productividad y el crecimiento económico a largo plazo. No es sólo poder dar más años de educación a la población, sino dar buena calidad, eso es lo que importa. Esto antes ya era importante para el tema de la productividad, y probablemente lo sea más en el futuro. La automatización, la robotización o el teletrabajo, todas tendencias que ya venían de antes, pero que la pandemia ha empujado, son cambios que uno piensa que van mejor con una población más educada, con mayores niveles de formación.
¿Qué ocurre con los trabajadores y los empleos que quedan por el camino? ¿Es posible que la mayor productividad genere nuevos puestos o el saldo neto será negativo?
Hay un autor muy famoso en economía, que es David Ricardo, que cuando escribió su primer libro habló del cambio técnico y dijo que no había problema, porque la gente perdía el trabajo en un lado y después lo recuperaba en el otro. Sufrió tanta crítica por eso que años más tarde, cuando reeditó el libro, le agregó el capítulo 31, donde dice “ojo que esto no es automático, puede llevar algún tiempo, hay que hacer algo para facilitar ese ajuste”. Ese proceso que hizo David Ricardo es lo que debemos tener los economistas en la cabeza, porque esto va a generar cambios en el empleo, probablemente la gente vuelva a conseguir trabajo, pero esto no es un proceso automático, va a generar procesos de desempleo que va a haber que acompañar con políticas públicas, por ejemplo, de recapacitación.
Cuando hablamos de educación en términos de la población, es un grupo de personas que incluye a los de 17 años, que están por salir del liceo, pero también a la mayor parte de la fuerza de trabajo, que ya está fuera [del sistema educativo]; a esa gente que tiene bajos niveles de capacitación es a la que también hay que llegar. Los programas, por ejemplo, del Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional], que son formación para gente que ya ha salido del liceo, son fundamentales y cumplen un rol.
“La creciente desigualdad y el hecho de no compensar a la gente en los momentos en que algunas políticas la perjudican, después generan desafíos para la democracia”.
¿Cómo es el panorama en la parte de la educación asociada a los niños y adolescentes, pensando en estos términos de productividad a mediano plazo?
Cuando hablo con amigos que no son uruguayos de que aproximadamente 40% de la gente de entre 22 y 23 años no terminó el liceo, no lo pueden creer. Es claro que Uruguay tiene que mejorar la calificación de su fuerza de trabajo, por un tema de productividad y por un tema de derechos, es una cosa central. Todos los días deberíamos repetir “hay que mejorar la educación en Uruguay”. Desde la segunda mitad del siglo XX nos hemos rezagado en la expansión de la educación secundaria con respecto a los países desarrollados y los de la región, no sólo comparados con los países ricos del mundo. Mejorar los niveles educativos, las tasas de graduación y las habilidades, lograr no sólo que la gente concurra a las escuelas y liceos, sino que aprenda, requiere muchos cambios. Por algún motivo, sin embargo, no parecen conseguirse los consensos políticos amplios que son necesarios. Todos sabemos que la educación tiene problemas, pero no parece haber un estado de alarma suficiente como para decir “tenemos que hacer algo ya”.
¿Cuál debería ser la prioridad a la hora de los cambios?
El hecho de que todavía haya doble turno no pasa en ningún país desarrollado. Uruguay debe extender, aún más de lo que ya se ha avanzado, el tiempo diario de asistencia a los centros educativos, de tal forma que los centros de enseñanza incluyan mejoras del aprendizaje, nuevas actividades –como música y deporte–, y que funcionen como un centro de referencia en la vida de los estudiantes. Así funciona en los países desarrollados.
Ahora con el coronavirus surge una oportunidad, que puede utilizarse para contribuir a reactivar la economía. Se podría usar deuda, comprometernos, decir “cargamos a las generaciones futuras”, pero porque vamos a eliminar las escuelas de doble turno, vamos a invertir en escuelas y liceos para que la gente pueda ir más tiempo. Para ello se requieren recursos de infraestructura, más docentes –se puede hacer programas de becas para expandir el stock de docentes–. Pero, de vuelta, no están los consensos políticos necesarios para este tipo de cosas.
¿Por qué motivo creés que no se logran? Porque desde el punto de vista más pragmático, el político vive del voto, y si reformar la educación tuviera un consenso social, debería ser atendido. ¿Es una prioridad realmente para la sociedad?
Pienso que puede haber diferentes explicaciones. Puede ser, sí, que la gente no esté tan de acuerdo y que seamos un pequeño grupo de gente que piensa que hay que reformar la educación, pero no somos representativos. Otra explicación podría ser que al Uruguay tener un porcentaje relativamente alto comparado con otros países de gente que va a liceos privados, parte de la sociedad crea que este problema ya lo está solucionando por su cuenta. Lo que no debemos perder de vista es que cuando nos miramos hoy en América Latina, los niveles de Uruguay son bajos; cuando decíamos esos números en el mundo desarrollado no lo podían creer. Pero no lo pueden creer en el sentido de cómo esto no es una bomba y todos en Uruguay están hablando del tema. Puede ser que sea algo que la sociedad no está viendo.
Gentileza del entrevistado.
Ligado a lo que hablabas antes sobre el desarrollo futuro de Uruguay, ¿creés que estará ligado cada vez más al sector de servicios tecnológicos?
Uruguay probablemente va a tener sectores de alta tecnología si logra insertarse en las cadenas globales de valor de biotecnología o de informática –en algunas está más avanzado, como en el caso de la exportación de software–, pero también va a seguir teniendo otros sectores más tradicionales, como el agropecuario, que en general demanda poca fuerza de trabajo, aunque puede generar derrames y está esa discusión de cuánto es que genera. Pero también lo que ocurre es que el sector servicios, asociado al mercado interno, va a seguir demandando la mayor parte de la mano de obra, porque los mercados internos tienen mucho peso en el empleo. Por ejemplo, el sector de servicios de salud es 19% del PIB en Estados Unidos; ahí trabajan un montón de personas que antes capaz eran menos calificadas pero, a medida que pasa el tiempo, son más y más calificados.
Entonces, a los efectos de conseguir empleo, la educación va a ser un problema. La especialización productiva de Uruguay puede volcarse hacia la exportación de productos de alta tecnología, una combinación con los más tradicionales, pero para mejorar la productividad en el mercado interno vamos a tener que seguir incorporando tecnología en salud, educación, en los rubros administrativos, y eso va a requerir mayor capacitación.
Mencionaste los sectores primarios de la economía, ¿qué caminos tienen para lograr un diferencial que les agregue valor?
De vuelta, es la batalla cotidiana en la productividad. En la carne fue la batalla de la trazabilidad y de intentar entrar a algunos nichos de mercado, porque es un mercado mundial con muchas partes diferentes. A un país le pueden comprar la carne para picarla y hacer hamburguesas [una industria], o pueden usar sus cortes en restaurantes, como hay uno acá en Lovaina, donde te muestran la carne cruda en la heladera con la trazabilidad. Eso se logra con incorporación de tecnología [lo que agrega valor]. Hoy existe una batalla por insertarse en las cadenas globales de valor, [lo que se logra] ya sea por inversión extranjera directa que pueda llegar a Uruguay o por que una empresa uruguaya logre ser proveedora de una empresa a nivel de las cadenas internacionales de valor.
Ancap y la reforma de los combustibles
¿Cómo observás el funcionamiento y la gobernanza en Uruguay de las empresas públicas? Formaste parte de un grupo de académicos que pidió hacer reformas.
En las últimas décadas ha habido avances en la productividad de las empresas públicas, sin embargo, quedan algunos temas pendientes para resolver. Uruguay debe mejorar la gobernanza, es decir, la forma en que se gobierna internamente y cómo rinde cuentas a los accionistas, que es la ciudadanía. Las empresas públicas no puede ser que sigan atadas al ciclo político, que los cargos surjan de algún tipo de reparto tras las elecciones, o sean usadas como puntapié para futuras campañas políticas; eso no puede pasar más. Lo otro es que deben transparentar sus costos y subsidios, y deben analizar en qué líneas de rentabilidad les conviene invertir. En ese marco, creo que hay un avance en ir por el lado del fortalecimiento de los organismos reguladores. También, para ser honesto, se ven cosas no tan alentadoras, por ejemplo los nombramientos de algunos cargos en los directorios de las empresas públicas.
¿Qué visión tenés de la hoja de ruta que trazó el gobierno para reformar el mercado de combustibles? Se busca desregular parte de la cadena y variar la forma de fijación de tarifas.
A nivel de los combustibles veo que hay avances, algunos vienen desde la última presidencia de Marta Jara [en Ancap, entre 2016 y marzo de 2020], y también cosas pendientes. En primer lugar, me parece importante que la libre importación ya no está sobre la mesa, porque era un debate más ideológico que económico, para mí no había evidencia clara de que eso fuera a mejorar la situación. Después hay señales mixtas. Lo positivo es que se avanza dando al precio de paridad de importación [PPI] un rol más relevante y de contralor a los precios de Ancap, lo que con el tiempo va a poder disciplinar a la empresa en costos, más allá de que siempre hay una discusión de cómo se tiene que calcular el PPI. También entiendo que se avanza con el fortalecimiento del regulador, la Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua], pero hay señales no tan buenas, como que la Ursea estuvo ahora en el debate por el nombramiento de los cargos y la situación de Cabildo Abierto. Otro problema es ahora que el PPI y el precio [del petróleo] están subiendo, pero los combustibles no acompañan eso. No es una buena señal, hay que acoplar los precios de los combustibles al PPI.
Finalmente, hay cosas pendientes. Ver qué pasa en Alur [subsidiaria de Ancap que produce biocombustibles] en Bella Unión, un proyecto que tiene implicaciones fuertes en términos de pobreza, pero que desde el punto de vista productivo no parece ser una solución viable. Habría que sincerar el componente de subsidio que tiene Bella Unión y sacarlo del presupuesto de Ancap, quizás estaría mejor focalizado si fuera parte de las partidas de desarrollo territorial de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]. También está el subsidio al supergás, que no es claro a quiénes beneficia ni por qué monto. Otro tema central es que, más allá de Ancap, hay un tema con las empresas privadas que están en la cadena de combustibles y supergás. Debo decir acá, para ser claro con el conflicto de interés, que yo hice un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre este tema. Entiendo que es fundamental hacer modificaciones importantes, que induzcan a una mayor competencia regulada entre estos actores; hoy por hoy los sistemas de Ancap de contratos no contribuyen.
Pandemia: discusiones globales y “tensiones” previas
¿Cómo evaluás y qué diferencias ves en las respuestas políticas que hubo en distintas partes del mundo ante la pandemia?
Hubo reacciones distintas, pero sobre todo veo diferencias en cuándo se volverá a la normalidad, entre comillas. Europa y Estados Unidos probablemente retomen gran parte de la normalidad después del verano boreal, en breve, y me parece que en los países en desarrollo esto va a demorar más. Porque hay un problema con el ritmo desigual de la vacunación, y entonces que se restauren completamente los flujos de comercio internacional o las cadenas globales de producción llevará más tiempo. Hoy hay cadenas globales de producción que tienen cuellos de botella. Por ejemplo, en Europa si querés comprar un auto nuevo tenés que esperar seis meses para que te lo den, porque faltan microchips para la producción en el mundo. Parece que los autos llevan microchip en el panel de control, y todos los que había se usaron para hacer tabletas y otras cuestiones [de tecnología] con demanda muy alta en pandemia, y hay problemas de producción.
En resumen, me parece que el mundo va a ir volviendo más lento en los países en desarrollo que en los desarrollados, y que además esa lenta vuelta de los países en desarrollo va a generar problemas también en países desarrollados, por un tema de flujos de comercio, de turismo, de producción.
En 2020 hubo una retracción global del consumo, ¿es posible que pospandemia haya una recuperación o no?
Todavía no están muy claros los efectos y qué va a pasar. Yo supongo que por un lado la gente va a querer vivir una vida más sana, pero también en los países desarrollados los ahorros fueron mucho más altos, hay gente acostumbrada a consumir un montón todo el tiempo que no lo pudo hacer y ahora eso probablemente se lo vaya a gastar. En Bélgica abrieron los bares y están llenos todo el tiempo y está todo el mundo pensando a dónde ir de vacaciones en verano. Entonces, probablemente haya un rebote del consumo en estas economías, pero va a ser en las economías en que la gente logró ahorrar o tiene ingresos; la pregunta es qué va a pasar después de la crisis con la otra gente, la que no tiene acceso a estos niveles de consumo.
Una cosa que sí vimos de esta crisis es que le pegó mucho más al género femenino. Por un tema de discriminación de género o segregación ocupacional, las mujeres estaban trabajando en profesiones con mayor contacto, como el sistema de cuidados, y por eso la recesión ha tenido un impacto más grande sobre mujeres que en hombres. Ese también es un punto del que no sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo se van a reinsertar esas mujeres en la producción, cuánto las va a penalizar el largo plazo si hay una ausencia de políticas. Lo mismo con los jóvenes y niños que no van a la escuela o el liceo, qué les va a pasar en el largo plazo, porque es gente que está perdiendo capital humano, hábitos.
Hay varios problemas que nos va a dejar la crisis, hoy tenemos una primera mirada de los impactos de corto plazo, pero, como toda crisis, esta va a tener impactos de mediano y largo plazo, de los que capaz que hoy no somos tan conscientes. Y si no nos ponemos a pensar e intentar hacer políticas para solucionar [esos efectos], pueden llegar a ser grandes.
“Uruguay tiene que mejorar la calificación de su fuerza de trabajo. Desde la segunda mitad del siglo XX nos hemos rezagado en educación con respecto a los países desarrollados y los de la región”.
En el plano de la discusión política y económica de cómo responder a la pandemia, ¿en todos los países se dan como discusiones circulares en términos de oficialismo y oposición?
Sin dudas, se da que hay una dialéctica repetida entre los partidos de oposición y los oficialismos. Por ejemplo, uno ve que han propuesto cuarentenas obligatorias tanto partidos de izquierda como de derecha. Pero hay que ver, cuando se piensa en estos temas, los grandes golpes o cimbronazos que ha habido en el mundo hace poco, como la salida de Inglaterra de la Unión Europea o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Para estos eventos la explicación tradicional que suele darse es que la apertura de los países generó un montón de posibilidades para un montón de gente y probablemente a nivel país haya sido buena, pero hubo problemas compensando a la gente que perdió con la globalización, y esa gente a la que le ha ido mal genera un cierto resentimiento con estas cuestiones y después eso es un problema. Pasó en Estados Unidos con Trump, con el brexit, o acá en Bélgica, que hay regiones que eran mineras y al principio del siglo XX, extremadamente ricas, pero hoy su producción ha caído; lo mismo en Francia.
La creciente desigualdad y el hecho de no compensar a la gente en los momentos en que algunas políticas los perjudican después generan desafíos para la democracia, y me parece que es un punto importante. El aumento tremendo que ha tenido la desigualdad, que hoy lo vemos, está tensionando las propias democracias.
Todos esos procesos que mencionás ya venían de antes, ¿la pandemia los hace explotar?
Sí, la pandemia es un shock, pero ojo, como lo fue antes la crisis financiera de 2008-2012. Son esos eventos en los cuales ya todo venía agarrado con varillas y que generan más presión y las cuestiones se complican. Ha habido un montón de situaciones... antes de la pandemia teníamos los chalecos amarillos en Francia. Yo fui a visitar Toulouse, a dar un seminario, y me decían “los sábados no podemos salir hace 52 semanas”, porque los chalecos amarillos rompían todo el centro de la ciudad. Eso pasaba en una zona relativamente rica de Francia, antes de que llegara la pandemia. Cuando pase esto [la crisis sanitaria actual], en ausencia de políticas o de algún tipo de ayuda o compensación, los problemas probablemente se vayan a agudizar y generen más tensión sobre el sistema democrático.
En la definición de esas políticas de compensación, ¿has visto algún país que destaque por el modelo aplicado?
Todos los países han tenido aciertos y problemas. Estados Unidos mandó inmediatamente unos cheques a la gente en seguro de desempleo que eran bastantes ingresos, a algunos les cubría más de lo que estaban percibiendo antes; fue una medida inteligente para cubrir a la gente y mantener la economía activa, pero después cometió un montón de errores con el manejo de la pandemia, con Trump, que tuvo una etapa negacionista. En Europa la parte de la protección social funcionó bien, hubo subsidios bastante masivos para los bares o gente de la cultura, pero la parte de negociar las vacunas no parece haber salido muy bien. Todos los gobiernos han cometido errores y se han puesto en tensión, y han hecho cosas bien.
Lo que están diciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un conjunto de actores es que es un momento para ser menos tímidos con la protección, porque hoy nos parece que estamos en el margen y no podemos gastar tanto, pero a futuro las consecuencias pueden ser grandes. Estos países lo han entendido y han gastado, pero, obviamente, también alguien puede decir que son los que tienen billetera o la deuda más fácil de adquirir, otros tienen más restricciones. Sin embargo, entiendo necesario desplegar un conjunto de políticas que intenten cubrir más a la parte de la población más vulnerable, porque todo el mundo ha perdido en la crisis, pero hay gente que perdió mucho más; hay que tener cuidado con los efectos de largo plazo de eso si no se reacciona correctamente.
Si bien es un proceso que viene desde antes, ¿pospandemia vendrá un escenario global de mayor proteccionismo?
No lo tengo claro, pero dudo que volvamos a un mundo muy abierto, van a haber ciertas fricciones en el comercio. Trump había aplicado una guerra comercial claramente y hay gente que dice que Joe Biden no va a cambiar eso. El brexit en algún sentido va hacia esa dirección, lo que decía antes de que hay gente que no se favorece con el mundo de la integración. Eso ya lo sabemos desde hace décadas, pero probablemente aún tenga efectos y vaya en contra de un mundo más abierto.
Agenda pendiente: lobby privado y financiación de los partidos
Recientemente hablabas en una columna en No toquen nada de Del Sol sobre asuntos pendientes en Uruguay, como regular el lobby privado y la financiación de los partidos políticos. ¿Qué sugerís hacer?
Lo que veo es que hay una combinación de temas que deben ponerse arriba de la mesa para pensarlos, no hay una solución mágica. En el tema del lobby, se trata de entender que no es malo de por sí, que la legítima discusión democrática de intereses contrapuestos permite evaluar la conveniencia de una propuesta u otra. En general los países desarrollados tienen un montón de lobby, y lo bueno es tenerlo de las dos partes; lo peligroso es cuando hay sólo una parte. Lo pienso en dos partes por las empresas y los consumidores, pero me refiero a todas las partes de un problema, porque las empresas mismas pueden hacer lobby por diferentes cosas. Cuando hay lobby de varios lados se genera información. Es mejor que ese lobby y esa discusión sobre las políticas se haga de una forma abierta, que la sociedad tenga acceso a cuáles son esos argumentos y que, por lo tanto, se pueda discutir. No que se haga de una forma cerrada y no nos enteremos, con reuniones a oscuras, a la vieja usanza; eso creo que es peor para la democracia y los intereses de la sociedad.
Otro punto asociado es el del conflicto de interés. Desde la academia, desde los partidos políticos o desde donde a uno le toque estar, hay que ser claro con los conflictos de intereses. Cuando uno se expresa en un tema, hay que plantearlo abiertamente; no hay nada malo con decir “yo tengo acá un conflicto de interés”, ayuda revelar eso. Así [sabemos que], cuando habla una persona que es experta puede estar hablando como académico, porque está haciendo una consultoría, o porque es un militante político.
Otra cosa que me parece central son las mejoras de las capacidades estatales. Todos los debates que se generan alrededor de las políticas al final del día van a depender de que haya capacidades estatales, de que haya gente dentro del Estado que tenga capacidades para leer estas propuestas, entenderlas y proponer cambios. Se está avanzando, hoy en Uruguay se habla más de evidencia y políticas públicas, pero todavía falta. Dirán que esto cuesta dinero, pero rinde: mejorar la capacidad de las políticas mejora la eficiencia y la productividad del Estado, es gastar mejor.
Por último está el tema fundamental de la financiación de los partidos políticos. Es algo que en todos lados es complicado, porque, a medida que las empresas se vuelven fuertes en todo el mundo, tienen más capacidad de influir en las campañas políticas. En el caso uruguayo estamos en deuda, la Corte Electoral no tiene capacidad para investigar los reportes de dinero de los partidos políticos. Uruguay no tiene, como en otros lados, que las campañas políticas están limitadas en el gasto; hay países donde sólo el Estado paga las campañas, y a mí me parece que eso potencialmente es una buena solución. Sin embargo, aún si permitimos que empresas u otros actores financien las campañas; tiene que haber un nivel de transparencia muy elevado. No hay nada malo con eso a priori, pero tiene que ser transparente para la sociedad qué vínculos hay ahí.
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