Esta ficha de política fue elaborada por Anahí Bermúdez en el marco del Concurso Etcétera 2023, organizado por el Centro de Estudios Etcétera y la diaria, con el apoyo de la Asociación de Docentes de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. El jurado le otorgó la mención a Políticas de Vivienda.
Esta segunda edición del Concurso Etcétera estuvo centrada en la elaboración de propuestas de política pública para contribuir a enriquecer el debate sobre las políticas necesarias para avanzar en el desarrollo con equidad del Uruguay.
Las opiniones de los documentos de trabajo de Etcétera no comprometen necesariamente la opinión de todos sus socios y/o colaboradores.
Resumen ejecutivo
En las agendas para el desarrollo se suele plantear una falsa dicotomía entre temas ambientales y la necesidad de saldar previamente aspectos socioeconómicos de la población; las políticas habitacionales, aunque frecuentemente de menor centralidad programática, tienen un fuerte impacto en ambos aspectos. Por un lado, las condiciones de la vivienda y el hábitat impactan de forma directa la calidad de vida y acceso a servicios y oportunidades de la población, mientras que sus altos costos asociados usualmente afectan el margen de ingreso disponible para los costos de vida del hogar. Y por otro, las formas de desarrollo territorial resultantes de la inelasticidad de los mercados inmobiliarios impactan el crecimiento urbano, el uso de recursos para ello y el consumo de suelo productivo y ecosistemas específicos innecesariamente.
La presente propuesta apunta a la construcción de un stock relevante y acumulativo de vivienda en alquiler asequible y de calidad en áreas consolidadas de ciudades y centros poblados, redensificando áreas deseables. Esto se propone mediante la financiación a través de Participación Público-Privada, con costos directos presupuestales para el Estado bajos y contenidos dentro de los presupuestos quinquenales, donde el pago de los proyectos a largo plazo resulte sostenible financieramente mediante el cobro de los alquileres asociados.
Esto redunda en un sistema efectivo como política pública y sostenible presupuestalmente, que constituya una verdadera Política de Estado en Vivienda Social a largo plazo.
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